Durante d??cadas la corrupci??n ha permeado todos los niveles de la administraci??n p??blica. Pareciera tratarse de un tumor maligno consustancial al ejercicio del poder con caracter??sticas mutantes de acuerdo con la iniciativa criminal de quienes aprovechan su arribo a cargos con el solo objetivo de materializar la intenci??n de asaltar el tesoro del Estado para apropiarse de sumas de dinero y acrecentar sus patrimonios familiares. Para estas personas nada importa.??
El impacto en los ni??os y adolescentes escolares afectados con un apoyo alimentario estatal deficiente por los negocios indebidos para su suministro, les tiene sin cuidado. El direccionar contratos con sobre costos para ser celebrados con determinadas personas a cambio de comisiones ilegales, les implica preocupaci??n alguna, as?? sacrifiquen con ellos recursos presupuestarios que bien podr??an destinarse a atender necesidades esenciales insatisfechas de los ciudadanos, tales como la salud, el acceso al agua potable, al estudio en locales dignos y con profesores debidamente preparados o al uso de escenarios deportivos construidos con recursos justos.
Al fin de cuentas, el cuantioso dinero mal habido les permite comprar conciencias para eludir las consecuencias de sus actos delictuosos.
El panorama descrito genera desilusi??n generalizada al contrastarlo con las demoras de la administraci??n de justicia en el enjuiciamiento de quienes cometen dichos actos. La frustraci??n es mayor cuando los presuntos responsables de tales conductas retan a la sociedad desde revistas y medios de comunicaci??n de amplia circulaci??n en donde se presentan como v??ctimas de quienes han aportado pruebas en su contra en los procesos judiciales y llegan al descaro m??ximo de anunciar su voluntad de regresar a ocupar posiciones de elecci??n popular. Los electores sabr??n rechazar estas pretensiones.
Este atentado moral al pa??s resulta acrecentado cuando quienes dirigen los partidos pol??ticos los abrigan en su seno sin sonrojarse, ni detenerse a pensar en el grave da??o a su credibilidad institucional. Esta irracional ???convalidaci??n social??? erosiona la existencia misma de la organizaci??n democr??tica y puede generar una agresiva reacci??n de la poblaci??n que la lleve al borde de una hecatombe may??scula. Tales dirigentes, sin duda, est??n jugando con fuego.
??Hasta cu??ndo los colombianos continuar??n aumentando su decepci??n al presenciar a quienes son investigados por presuntos delitos contra la administraci??n p??blica, aprovechando los vencimientos de t??rminos en sus causas judiciales, para abandonar su reclusi??n y aparecer desafiantes en los medios por la colaboraci??n de periodistas carentes de cualquier m??nimo sentido de responsabilidad social?
Por el bien de la patria, las autoridades judiciales deber??an crear un ???Escuadr??n especial de fiscales y jueces contra la impunidad???, para desengavetar los expedientes con el fin de evitar sumar a los vencimientos de t??rminos responsables de la liberaci??n de estos personajes, el premio de la prescripci??n de la acci??n penal en su contra.
Gustavo Humberto Cote Pe??a
Exdirector General de la Dian
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