Desde el inicio de su per??odo, el gobierno nacional ha buscado modificar el r??gimen de servicios p??blicos domiciliarios. En varias ocasiones anunci?? un proyecto para reformar la Ley 142 de 1994, pero a pocos meses de terminar su mandato a??n no lo ha radicado en el Congreso. Ante esta situaci??n, ha intentado lograr cambios dr??sticos mediante decretos y resoluciones.
Un caso reciente ilustra esta estrategia. A trav??s de un decreto, el gobierno intent?? quitarle a la Comisi??n de Regulaci??n de Energ??a y Gas (Creg) la funci??n de regular las tarifas de energ??a. El Consejo de Estado suspendi?? provisionalmente esta medida por una raz??n: seg??n la Constituci??n, esa funci??n fue delegada por el Congreso, no por el Presidente. La Corte Constitucional ratific?? esta interpretaci??n y reconoci?? el v??nculo entre la independencia de la Creg y el avance en la garant??a de derechos sociales relacionados con energ??a y gas.
Ahora surge una nueva propuesta en la misma l??nea. La Comisi??n de Regulaci??n de Agua Potable y Saneamiento B??sico (Cra) public?? un proyecto de marco tarifario para acueducto y alcantarillado que busca reducir tarifas sin considerar plenamente las normas constitucionales y legales sobre reconocimiento de costos de una prestaci??n eficiente. El agravante adicional: ser??a expedido en pleno per??odo electoral en 2026.
El proyecto genera inquietudes muy serias. Seg??n la Cepal, para lograr cobertura universal en zonas urbanas, Colombia necesitar??a una inversi??n promedio anual del 0,52% del PIB durante 10 a??os. Conforme al modelo de la Constituci??n de 1991 y la Ley 142 de 1994, buena parte de estos recursos podr??a provenir del sector privado ???con mayor raz??n en la actual crisis fiscal???. Sin embargo, el proyecto reconoce un retorno de la inversi??n de apenas 9% para las empresas m??s grandes. Con ese retorno, dif??cilmente un inversionista apostar??a por estos proyectos.
Las consecuencias de esta propuesta podr??an ser graves. No solo se espantar??a la inversi??n privada, sino que se deteriorar??an seriamente las finanzas de las empresas de capital p??blico y mixto que prestan estos servicios en todo el pa??s. Lo m??s grave es que una reducci??n tarifaria sin sostenibilidad financiera podr??a, parad??jicamente, perjudicar a los m??s vulnerables en el mediano y largo plazo, cuando la falta de inversi??n deteriore la cobertura, continuidad y calidad de estos servicios esenciales.
La historia reciente de Colombia ofrece una lecci??n importante. El respeto por las normas sobre reconocimiento de costos de prestaci??n eficiente permiti?? avanzar casi 30 puntos en cobertura. Ser??a lamentable pasar de ser el paradigma del pa??s que logr?? avances hist??ricos en servicios p??blicos gracias a una regulaci??n de calidad, a unirnos a la lista de naciones donde la visi??n de corto plazo castiga a quienes tienen menores ingresos.
M??s all?? de este proyecto espec??fico, convendr??a reforzar nuestro andamiaje institucional para blindar mejor las decisiones tarifarias frente a las din??micas electorales. Un desaf??o que trasciende la actual administraci??n y deber??a ser prioritario para el pa??s.??
JULI??N L??PEZ MURCIA
PhD y socio Nalanda Analytica
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